El bloque unido de la construcción, que agrupa a la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y sus departamentales, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y el sector de los trabajadores constructores, exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos destinados a combatir la crisis sanitaria y reactivación económica del país.
En este sentido, el bloque unido condenó las declaraciones del diputado del MAS, Henry Cabrera, al afirmar que dichos créditos estarían destinados a enriquecer los bolsillos de algunos miembros del ejecutivo. Este aspecto preocupa al sector, ya que este tipo de pensamientos y actuaciones en épocas de crisis llevarán a un desastre sanitario y económico nacional.
Según la institución, los fondos que ha gestionado el Ejecutivo tienen un fin social y económico para toda la población en materia de salud, además están destinados a atender las empresas productivas que apoyarán la reactivación económica del país. Se trata de inyectar recursos a la banca, empresarios, pagar deudas de gestiones pasadas, todo con la finalidad de salvaguardar las compañías que generan empleos y cumplen a cabalidad sus obligaciones tributarias y sociales.
“Son aproximadamente 1.700 millones de dólares en créditos, que servirán para la reactivación económica, Bolivia necesita esos recursos para seguir adelante, es fundamental se entienda que a estas alturas el país requiere de créditos, como en gestiones pasadas se tenían y eran aprobados, así como también requiere la atención inmediata de la Asamblea Legislativa de manera oportuna y dejando de lado sus diferencias con el gobierno en transición”, manifiesta la Caboco en un comunicado.
Asimismo, la entidad alegó que la semana pasada se remitió al presidente de la Cámara de Diputados una nota explicando la situación económica, en la que claramente se explica que “las empresas constructoras del país están impagas; que tienen planillas de avance de obras por proyectos concluidos y en ejecución sin pagos por más de un año, entre deudas del gobierno nacional y las subnacionales”, que ascienden a un monto aproximado de 2.000 millones de bolivianos. Las acciones como las de rechazar créditos hacen que la construcción se encuentre aún más vulnerable.
“La situación del sector es crítica, de no recibir el apoyo de la Asamblea y del Ejecutivo, de no ser resueltos los pagos, la caída del empresariado constructor es inminente, por lo que se verá en la obligación de cerrar sus empresas y, por ende, se generará desempleo”, lamenta la entidad, ya que el sector, entre directos e indirectos, genera más de un millón de fuentes laborales.
El efecto multiplicador de esta situación afectará a toda la cadena productiva, desde las personas que venden agregados (grava y arena), hasta proveedores de materiales y venta de servicios. El decrecimiento del sector será mayor al de la gestión pasada, el cual descendió al 1.91 % en el Producto Interno Bruto (PIB), pese a que en años pasados alcanzó incluso al 14 %.
Los diferentes representantes del bloque unido de la construcción están convencidos de que la falta de atención a los múltiples reclamos y demandas realizadas por el rubro, sumada a las actitudes negativas de rechazar créditos, que son en beneficio del sector productivo, llevarán a un problema social y económico que recaerá en el fracaso de la economía boliviana.
“Los distintos representantes del bloque unido estamos de acuerdo en que la Asamblea debe, al igual que en otros casos, conformar una comisión que investigue cuál fue el uso o destino de los recursos que ahora no existen y que se supone estarían presupuestados para honrar los pagos de proyectos concluidos y en ejecución, ya que estos proyectos antes de ser licitados contaban con una certificación presupuestaria”, concluye la Cámara.